Tres controversias que exponen la disputa por controles, nombramientos y responsabilidades en Santa Cruz

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Una columna de OPI Santa Cruz reúne denuncias y versiones sobre nombramientos en la CSS, el descarrilamiento de YCRT y el control de Santa Cruz Puede. Las afirmaciones más graves provienen de fuentes y dirigentes citados y no constituyen conclusiones judiciales.

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La columna “Las Pastillas del Domingo” de OPI Santa Cruz reúne tres controversias distintas y las conecta bajo una crítica general a la gestión provincial. Por tratarse de una pieza de opinión, sus señalamientos deben leerse como denuncias, versiones y evaluaciones del medio, no como hechos judicialmente establecidos.

El primer foco se ubica en la Caja de Servicios Sociales de Los Antiguos. La nota afirma que ATE pretendía impulsar a Laura Miallatureo para una dirección local, pero que el cargo estaría reservado para otra persona por decisión política. El texto atribuye esas versiones a dirigentes sindicales y fuentes no identificadas.

La segunda controversia es el descarrilamiento de una formación de YCRT. El interventor Pablo Gordillo había denunciado la posibilidad de sabotaje; la columna sostiene, en cambio, que testimonios recogidos por el medio apuntan a un cambio de vía abierto, falta de mantenimiento y problemas de infraestructura como hipótesis alternativas.

El texto menciona además que la vía no habría sido inspeccionada completamente durante más de un año y recuerda un descarrilamiento anterior en el kilómetro 181. Esos elementos son presentados como argumentos para cuestionar la tesis del sabotaje, aunque la determinación técnica corresponde a la investigación y a los peritajes oficiales.

El tercer eje es Santa Cruz Puede SAU. La ministra Nadia Ricci fue convocada por legisladores para explicar el funcionamiento, financiamiento y controles de la sociedad estatal. La columna asegura que opositores consideraron insuficientes las respuestas ofrecidas durante la reunión.

La diputada Agostina Mora cuestionó el esquema comercial de la empresa y planteó que competiría en condiciones ventajosas frente a comerciantes privados. Esas críticas forman parte de un debate político sobre uso de fondos públicos, controles y alcance de una sociedad unipersonal del Estado.

La pieza también proyecta hipótesis sobre una eventual investigación futura de la empresa y sobre cambios en la Justicia provincial. Esas afirmaciones son valoraciones del medio y de fuentes políticas citadas, sin que la nota aporte una resolución judicial que las confirme.

Leídas en conjunto, las tres secciones muestran una misma disputa: quién controla las decisiones, cómo se documentan las responsabilidades y qué información pública existe. La agenda verificable hacia adelante pasa por los peritajes de YCRT, la rendición de Santa Cruz Puede y los procedimientos formales de designación en organismos provinciales.