El senador nacional Jorge Capitanich difundió un informe económico que ubica la caída de la actividad metalúrgica como una señal del deterioro productivo, laboral y comercial. El documento tomó como punto de partida el relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina: durante agosto, la producción del sector retrocedió 6,1% respecto del mismo mes de 2025 y 3,9% frente a julio. La utilización de la capacidad instalada quedó en 39,6%, equivalente a seis de cada diez unidades productivas sin uso.
Capitanich contrapuso esos indicadores con los datos macroeconómicos que el Gobierno nacional utiliza para destacar el equilibrio fiscal y el crecimiento agregado. Según el informe elaborado por su equipo, el producto interno bruto disminuyó 0,6% en el segundo trimestre y volvió a niveles similares a los del año anterior. El planteo del senador es que la evolución de la producción, el consumo y la inversión no refleja una recuperación perceptible para hogares, comercios y pequeñas industrias.
La baja no se limita al complejo metalúrgico. En julio, el conjunto de la industria argentina utilizó en promedio 58,2% de su capacidad instalada, uno de los registros más bajos para ese mes desde 2016, con excepción de 2020 por las restricciones de la pandemia. El dato muestra que una parte considerable de las plantas mantiene líneas detenidas o trabaja por debajo de su potencial, aun cuando las situaciones varían entre ramas y regiones.
La metalmecánica exhibió el retroceso interanual más pronunciado en el uso de capacidad, con una disminución de 10,7 puntos porcentuales. El informe también consigna caídas en minerales no metálicos, automotores, caucho y plástico, tabaco y textiles. Para las pequeñas y medianas empresas, una menor demanda implica series de producción más cortas, mayores costos por unidad y decisiones de postergar compras de equipos, mantenimiento o incorporación de personal.
El documento incorpora además indicadores laborales del segundo trimestre. La desocupación se ubicó en 7,9% y el equipo de Capitanich estimó que había unas 120.000 personas desempleadas más que un año antes. La informalidad alcanzó 45%, con más de 500.000 trabajadores incorporados a empleos sin registro. Esas cifras son presentadas como parte de un mismo circuito: ingresos más débiles reducen el consumo y la caída de ventas disminuye la necesidad de producción y empleo.
En el primer semestre se perdieron cerca de 46.000 puestos privados registrados y, según el mismo relevamiento, la reducción acumulada desde el inicio del gobierno de Javier Milei llegó a 246.000. La cantidad de empleadores registrados completó 17 meses consecutivos de descenso, con 31.342 empresas menos en ese período de gestión. Capitanich caracterizó ese ciclo como el más adverso desde la crisis de 2001, una evaluación política sustentada en las series incluidas en su informe.
El senador también señaló que la inflación mayorista de agosto fue de 2,1%, un componente que puede trasladar presión a los costos de las empresas aun en un contexto de demanda retraída. Al revisar el proyecto de Presupuesto 2027, cuestionó la continuidad de recortes respecto de 2023 en transferencias a universidades, gastos de capital, incentivo docente, discapacidad, asistencia social y previsión. El Gobierno, en cambio, defiende la disciplina fiscal como condición para estabilizar la economía.
La discusión tendrá continuidad en el tratamiento presupuestario y en los próximos registros de producción, empleo y utilización de capacidad. Para Chaco, donde el entramado de pequeñas empresas depende tanto del mercado regional como de la demanda nacional, la cuestión central será observar si la desaceleración alcanza a más ramas y si aparecen medidas de crédito, inversión o consumo. El informe de Capitanich instala esos indicadores como argumento político; su evolución deberá contrastarse con las estadísticas oficiales y sectoriales siguientes.
